sábado, 12 de febrero de 2011

Sin descargas. Sin vergüenza.

 
 
Antes, había un principio jurídico al que llamábamos “presunción de inocencia”. Lo llamábamos así los juristas porque así estaba establecido en la Constitución Española (aquella de 1978 que parece ser intocable). Pero los medios de comunicación, por ignorancia o por desidia, aunque quiero pensar que sin mala fe, empezaron a hablar de la presunción de culpabilidad practicando aquello tan español de los juicios mediáticos. Si tenías un proceso judicial abierto, eras presuntamente inocente para la ley y para la Justicia hasta que se demostrara lo contrario. Para los medios de comunicación, eras presuntamente culpable y, a veces, culpable a secas.

Nos acostumbramos a que los medios de comunicación hicieran caso omiso de principios constitucionales básicos; lo que es nuevo y, francamente, preocupante, es que sea el propio legislador el que se cargue de un plumazo la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la interdicción de la arbitrariedad. De un solo plumazo. Con total descaro y sin asomo de decencia. Le pusieron un nombre ostentoso: Ley de Economía Sostenible. Que un órgano administrativo pueda decretar el cierre de una página web por conductas “presuntamente vulneradoras” hace que todo nuestro sistema jurídico pierda su sentido y su razón de ser. Una ley que vulnera la constitución por todos lados y que otorga a la administración facultades que corresponden al poder judicial, esto es, a los jueces y tribunales, es la muestra más evidente de que la parafernalia de nuestro sistema democrático no es más que eso, una parafernalia vacía de contenido.

¿Se acuerdan del famoso canon de la SGAE? La justicia comunitaria lo tumbó, pero la Ministra de Cultura no se rinde y está buscando los recovecos legales (y, si no los encuentra, probablemente se los inventará) para que sus amiguetes de la SGAE puedan imponer un nuevo canon. Porque Ramoncín y Teddy Bautista decidieron un día que todos somos criminales o que, por si acaso lo fuéramos, nos van cobrando la multa por anticipado. Si compro un cedé para guardar las fotos del bautizo de mi hijo, o compro un pendrive para guardar mis artículos del Última Hora Menorca, eso da igual, porque ellos ya han decidido que la compra de esos artilugios me convierte en ladrona potencial de sus magníficas obras y, por tanto, debo pagar por ello. Y el mismo criterio se aplicó, por ejemplo, al Concello de Lalín, en Galicia, al que la SGAE reclamó 49.000 euros por los espectáculos realizados durante las fiestas patronales. O a la academia de baile, Alba, de Menorca, a la que pretendían cobrar el 10% del dinero recaudado en una gala benéfica con la que se iban a financiar las lámparas de un quirófano en Ghana. O a los alumnos del Instituto Ramón Menéndez Pidal, de La Coruña, por la representación de una obra de Lorca. Es que ya no se puede ni estudiar literatura en los colegios sin pasar por caja.
 
Con el famosísimo canon de la SGAE se desvirtuó definitivamente el principio de presunción de inocencia y, con él, el principio de seguridad jurídica. Todo esto fue el preludio de lo que iba a venir después: la también famosísima Ley Sinde, en la que la técnica legislativa brilla por su ausencia a pesar de lo ostentoso de su nombre. Las medidas que incluye son claramente abusivas y, además, constituyen el primer paso para instaurar la censura en internet. Es lamentable constatar la confabulación de PP, PSOE y CiU, que han unido esfuerzos para que esta ley sea aprobada pero que son incapaces de ponerse de acuerdo en asuntos de mucho más peso. Han dejado claro cuáles son sus prioridades, y coartar la libertad de los ciudadanos es su prioridad común, según se esfuerzan en demostrar día tras día.



Los ciudadanos tienen –todavía- capacidad de reacción y no se han quedado de brazos cruzados: la Plataforma Libertad 2.0 ha lanzado una campaña dirigida a los tres grupos políticos mencionados para enviarles paquetes de twits con un mensaje claro y conciso: “Si votas #ley Sinde no te voto”. Los llamados “hacktivistas” consiguieron bloquear las cuentas de correo electrónico de varios senadores al realizar un envío masivo de peticiones para que votaran, el pasado miércoles, en contra de la Ley Sinde. El 95% de los senadores votó a favor de la nueva norma que deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados. La Ministra declaró haberse sentido “incomprendida” durante la gestación de esta ley pero, señora, déjeme decirle que la hemos calado. Que nosotros seremos piratas o filibusteros pero ustedes, los del “consenso” y el “talante”, son corsarios que se han equivocado de enemigo.

*Artículo publicado en Última Hora Menorca el 12.02.2011