viernes, 23 de noviembre de 2012

Ni público ni privado

Vivimos en un estado social y democrático de derecho, según dice ese librito de papel mojado llamado Constitución Española. Eso significa, en teoría y entre otras cosas, que pagamos impuestos (no sólo por lo que ganamos sino también por lo que tenemos y por lo que hacemos) y que con esos impuestos se sufragan los gastos de diversos servicios que luego, irónicamente, se nos presentan como “gratuitos”. Y “públicos”, claro, porque supuestamente se paga con dinero “público”. Así, tenemos educación pública y gratuita, carreteras públicas y gratuitas, sanidad pública y gratuita, justicia pública y gratuita, etc.


El gobierno de Zapatero estableció tasas y elevó las cuantías para recurrir judicialmente. Nadie puso el grito en el cielo, ni los abogados, ni los procuradores, ni los jueces, ni la “sociedad civil”. Claro que la caja de Pandora la había abierto anteriormente el gobierno de Aznar cuando estableció tasas judiciales para las empresas que facturaran un mínimo anual determinado. Pero como las empresas, ya se sabe, son el origen de todos los males, nadie se quejó tampoco. Ni los empresarios ni nadie.


Hemos llegado al punto en que para usar algunas carreteras debemos pagar peajes, para comprar medicamentos con receta debemos pagar un euro y ahora, además, entran en vigor las tasas judiciales para acceder a la justicia. Ésta es la demostración palpable de que el dinero que pagamos en concepto de impuestos no va adónde nos dijeron que iría. Porque el problema no es que haya que pagar por determinados servicios, lo cual sería lícito, sino que no pagamos en función del coste real de dichos servicios. Un euro por cada receta, sea cuál sea el medicamento que adquirimos. 800 euros por una apelación, sea la que sea. Todo ello después de haber pagado grandes cantidades de dinero en impuestos. El resultado es que, al final, los servicios no son públicos pero tampoco privados; no sabemos cuánto cuestan realmente las cosas que pagamos, no sabemos adónde va realmente el dinero que nos confisca el Estado y, mientras tanto, las reformas realmente necesarias y útiles siguen sin acometerse. Empeoran las cosas con cada nuevo parche publicado en el BOE. Al que realmente no tiene ni para comer, poco le afecta la subida del IVA, porque irá a comedores sociales o al contenedor de basura a buscar su comida. Al que es rico, le puede molestar un poco, pero probablemente se trate de cantidades insignificantes en proporción a lo que tiene disponible. Lo mismo pasa con las tasas judiciales: el que tiene derecho a la llamada justicia gratuita está exento de pagar las tasas. Y al que es rico, si la cuantía del pleito es alta no le va a importunar mucho que le pongan una tasa de 100, 200 u 800 euros, porque le valdrá la pena de todos modos. Como siempre, quien paga los platos rotos es la llamada clase media. La gente normal, los autónomos y los mileuristas que no tienen derecho a ayudas sociales pero que tampoco puede contratar a un asesor fiscal que les ayude a eludir impuestos y a los que, desde luego, no les va a compensar pagar 200 euros para reclamar una deuda de 600 que tal vez no llegarán a cobrar ni aun habiendo ganado el juicio. Y es que en España se nos ha roto la vajilla entera y nos está saliendo muy caro reponerla. Nos hemos gastado medio millón de euros en una página web para el Senado (más de 80 millones de pesetas). Más de cincuenta diputados aseguran haber perdido el ipad que nosotros les hemos pagado, porque nos toman por imbéciles, seamos sinceros.



Nos entretienen con la cuestión independentista de Cataluña y la supuesta corrupción de Ciu, y nos instan a odiar a Angela Merckel y a Bankia, que vienen a ser la madrastra de Blancanieves en este cuento. Porque Zapatero y Rajoy sólo son dos buenos hombres que casualmente pasaban por aquí.

¿Será cierto que cada pueblo tiene a los gobernantes que merece?