jueves, 9 de mayo de 2013

Inflación académica




Entro en la web del Última Hora y un titular me llama la atención: “Sólo una de las 25 profesiones con más salida en Menorca requiere de estudios universitarios.” Y continúa: “Los empleos más cualificados escasean en la isla, mientras hay casi 500 universitarios sin trabajo”.

Las escuelas de primaria y secundaria están bastante desligadas de la vida real pero las universidades, directamente, le dan la espalda a la realidad. La sociedad española en general, y la menorquina en particular, lleva varias décadas fomentando los estudios de grado superior entre los jóvenes con la falsa promesa de una garantía de futuro, entendiendo por “futuro” el acceso a un empleo bien remunerado. No importa que la profesión con más salida en la isla sea la de camarero, aquí todo el mundo quiere que sus niños sean abogados, ingenieros o filólogos. Lo que sea, pero con título universitario. A casi nadie le importa el hecho de que sólo el 30% de los titulados universitarios españoles acabe trabajando en algo relacionado con sus estudios. Los que tienen mejores perspectivas, según datos oficiales, son los profesionales de la salud, tal vez porque es más difícil que se dé el intrusismo en este sector. Peor parados quedan todos los relacionados con las artes y las humanidades, además de la arquitectura y la biología.


Quienes desde sus despachos tienen el poder de reformar la educación y quienes desde las calles piden cambios deberían reflexionar seriamente sobre cuál es el objetivo de la escolarización en cualquiera de sus niveles. La educación universitaria no es un derecho universal que haya que garantizar a cualquier precio. Los impuestos que paga la gente trabajadora y honrada no deben servir para financiar los estudios de quienes no valen para ello, ni de quienes no se esfuerzan y repiten año tras año, máxime cuando el 60% de quienes los terminen ni siquiera van a dedicarse al mismo campo.
Hemos desprestigiado la formación profesional, que durante décadas ha sido el reducto adónde iban a parar los malos estudiantes, los del fracaso escolar. Hemos desprestigiado las profesiones denominadas “menos cualificadas” que, en realidad, son muy necesarias o más bien imprescindibles. Hemos querido igualarnos, supuestamente al alza, obligando a todo el mundo a escolarizarse hasta la vergonzosa edad de los 16 años y haciendo creer a los jóvenes que si no iban a la universidad no eran nadie. Pero lo cierto es que no todo el mundo sirve para estudiar y que no todo el mundo quiere estudiar, del mismo modo que no todo el mundo sirve para reparar coches o para servir cafés. Un niño de 12, 13 o 14 años puede estar perfectamente capacitado no sólo para trabajar sino también para elegir a qué dedicarse. Pero después de inventarnos esa cosa llamada adolescencia, la estamos estirando artificialmente, infantilizando a la población y minando su capacidad de decisión y su libertad. Quien sale perdiendo, además de cada uno, es la sociedad española que tiene exceso de licenciados unviersitarios, exceso de desempleados de todas las edades, exceso de dependencia del Leviathan, exceso de condescendencia para con los parásitos de la Carrera de San Jerónimo y exceso de soluciones para todo en la barra del bar o, para el caso, en los muros del Facebook.